El proyecto de Real Decreto con el que el Gobierno busca regular la sostenibilidad, eficiencia, resiliencia y soberanía digital de los centros de datos ha provocado una fuerte oposición por parte de operadores y asociaciones energéticas. La principal polémica gira en torno a la obligación de respaldar al menos el 80 % del consumo con generación renovable de nueva construcción y con correlación horaria, un requisito que surge mientras APPA Renovables afirma que España desaprovecha cerca del 25 % de la electricidad que podría producir con estas tecnologías. El texto aún está en fase de audiencia pública y puede experimentar cambios antes de su aprobación.
Las claves del nuevo Real Decreto de centros de datos en 20 segundos
El debate llega en un momento especialmente delicado para España. El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) reconoce que los centros de datos se han convertido en infraestructuras imprescindibles para la digitalización y la soberanía tecnológica europea, pero también señala que la presión sobre la red eléctrica ha crecido rápidamente.
Desde finales de 2023, se han otorgado más de 6 GW de capacidad de acceso a centros de datos en la red de transporte y, desde 2020, alrededor de otros 6 GW en distribución. El Gobierno considera que reservar esa capacidad sin condiciones podría competir con la electrificación de la industria, transporte y hogares, además de aumentar las inversiones necesarias en infraestructuras eléctricas.
Por tanto, el desacuerdo no radica en que los centros de datos sean eficientes o utilicen electricidad renovable; las críticas se centran en cómo, cuándo y bajo qué condiciones pretende hacerlo el borrador.
El 80 % renovable y la correlación horario a debate
El proyecto establece que, mientras las energías renovables no superen el 90 % del mix eléctrico español, los nuevos centros de datos deberán acreditar que al menos el 80 % de su consumo proviene de electricidad renovable.
Pero no basta con contratar renovables existentes.
El MITECO propone un criterio de adicionalidad: cada nuevo megavatio consumido debe estar respaldado por capacidad renovable adicional puesta en marcha en los 18 meses previos a la entrada en operación del centro de datos. Esta electricidad puede proceder de autoconsumo o de contratos a plazo, como los PPA (Power Purchase Agreements).
Además, se exige una segunda condición especialmente estricta: la correlación horaria. En cada hora de funcionamiento, al menos el 80 % del consumo debe estar asociado a generación renovable producida en esa misma hora.
Las asociaciones renovables consultadas ven en esto una paradoja.
José María González Moya, director general de APPA Renovables, sostiene que actualmente se desaprovecha aproximadamente el 25 % de la electricidad que podría producirse con tecnologías renovables debido a vertidos técnicos y económicos. Desde su perspectiva, exigir que la electricidad de los centros de datos provenga necesariamente de nueva generación podría impedir aprovechar energía renovable que ya está instalada, pero que en momentos puntuales no tiene demanda.
José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), coincide en que debería haber mayor flexibilidad e incluir almacenamiento híbrido.
La dificultad aumenta al intentar sincronizar generación y consumo hora a hora.
Según datos de APPA, entre 2022 y 2025, España añadió aproximadamente 32 GW fotovoltaicos, incluyendo autoconsumo, frente a 4,6 GW eólicos. Sin embargo, tecnologías gestionables como biomasa o hidráulica apenas incrementaron su capacidad.
La energía solar presenta una limitación evidente para un centro de datos que opera las 24 horas: no produce durante la noche.
Cumplir con correlaciones elevadas en todas las horas requeriría combinar solar, eólica, almacenamiento, generación gestionable y contratos con perfiles diversos de producción. El sector renovable reclama que el desarrollo de baterías, bombeo, mini hidroeléctrica o biomasa también formes parte de la solución.
El Gobierno defiende otro argumento: considera que una demanda eléctrica nueva y de gran volumen debe ir acompañada de nueva generación, para evitar que los centros de datos absorban electricidad renovable destinada a descarbonizar otros sectores.
La discusión, por tanto, se centra menos en usar renovables y más en si los centros de datos deben financiar nueva capacidad o si pueden aprovechar primero la generación actualmente existente.
PUE 1,15 y WUE 0,1: otra disputa técnica
El consumo de energía no es el único aspecto conflictivo.
Hasta que entre en vigor plenamente el futuro sistema europeo de etiquetado de centros de datos, previsto para agosto de 2027, el borrador español propone como valores transitorios máximos un PUE de 1,15 y un WUE de 0,1.
El PUE, o Power Usage Effectiveness, mide la relación entre toda la energía utilizada por un centro de datos y la energía consumida por sus equipos informáticos. Cuanto más cercano a 1, menor porcentaje de energía destinado a refrigeración, distribución eléctrica y otros sistemas auxiliares.
El WUE, o Water Usage Effectiveness, mide la eficiencia en el uso del agua.
Algunos operadores señalan que alcanzar simultáneamente valores muy bajos en ambos indicadores resulta complejo.
Nacho Velilla, CEO de Templus, opina que un PUE de 1,15 puede lograrse en instalaciones de hiperescala o específicas para un cliente, pero que trasladarlo a instalaciones de colocation, donde distintos clientes utilizan infraestructuras y densidades de potencia diferentes, es muy difícil.
La Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (ANESE) también considera que los umbrales establecidos están muy por encima de la situación media actual del sector.
Existe una relación entre electricidad y agua. Algunos sistemas de refrigeración evaporativa pueden mejorar mucho la eficiencia energética, pero consumen agua. Reducir simultáneamente PUE y WUE puede requerir soluciones como refrigeración líquida directa en el chip, sistemas de circuito cerrado o arquitecturas específicas para altas densidades de potencia.
El MITECO defiende que estos límites corresponden a los valores previstos para la categoría A del futuro etiquetado europeo, aún en desarrollo. Cuando dicho sistema entre en vigor, el proyecto español eliminará los límites transitorios y exigirá esa máxima categoría europea.
SpainDC advierte sobre posibles retraimientos en inversiones
La reacción más severa proviene de SpainDC, asociación que agrupa a más de 300 empresas del sector de centros de datos en España.
Su organización ha anunciado alegaciones y advierte que la combinación de requisitos de adicionalidad renovable, correlación horaria, eficiencia energética, consumo de agua, condiciones contractuales y posibles recargos podría dejar a España en una posición menos competitiva frente a otros países europeos.
Su presidente, Emilio Díaz, pone también el foco en proyectos que ya estaban en trámite bajo otras condiciones.
El borrador otorga, en general, seis meses para que algunos proyectos en trámite se adapten a los nuevos requisitos, y tres meses para otros pendientes de concursos de acceso, pudiendo renunciar a sus derechos de conexión sin perder las garantías si no cumplen en ese plazo.
SpainDC sostiene que estos proyectos pueden requerir años de preparativos, incluyendo suelo, financiación, permisos, contratos energéticos y equipamiento, por lo que consideran difícil modificar sus condiciones en pocos meses.
La asociación calcula que España podría movilizar 66.900 millones de euros en inversión directa e indirecta entre 2026 y 2030 en un escenario de continuidad.
Actualmente, advierten que, si se aprueba el proyecto sin modificaciones, entre el 80 % y el 90 % de la inversión potencialmente atraíble en España podría estar en riesgo. Es importante aclarar que estas cifras son estimaciones de SpainDC, no pronósticos oficiales ni inversiones ya comprometidas. Dependen de las hipótesis utilizadas y decisiones futuras.
Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC, también plantea una cuestión clave en la soberanía digital: si la demanda española de servicios en la nube y de inteligencia artificial sigue creciendo, pero la infraestructura se construye en otros países, estos servicios seguirán consumiéndose en España aunque su procesamiento esté fuera.
El objetivo del Gobierno es justamente el contrario: establecer requisitos para que los operadores estén establecidos en la Unión Europea y que ciertos datos operativos permanezcan dentro del territorio comunitario. En el caso del sector público, los datos, metadatos, registros, réplicas y copias de seguridad deberán mantenerse en la UE, conforme a lo previsto en el esquema de seguridad nacional.
Una regulación aún susceptible de cambios
Otro aspecto que genera malestar es el calendario.
El proceso de audiencia pública comenzó el 27/08/2026 y finaliza el 04/09/2026, tras una tramitación de urgencia. Organizaciones como APPA, ANESE, SpainDC y varias empresas del sector consideran insuficiente el plazo para analizar una norma que puede afectar proyectos con inversiones de miles de millones.
SpainDC ha solicitado ampliar el período y crear una mesa técnica con la Administración.
Equinix ha manifestado una posición más prudente, dispuesta a colaborar mientras espera el texto definitivo.
El documento en discusión aún no es un Real Decreto aprobado. Se trata de un borrador sometido a consulta pública, que puede ser modificado antes de su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros.
Esto no implica que el Gobierno tenga intención de detener el desarrollo de centros de datos. La memoria que acompaña el proceso los define como activos imprescindibles para la digitalización, la inteligencia artificial y la soberanía tecnológica europea.
La discrepancia radica en cómo gestionar la demanda eléctrica, que ya supera las 12 GW de capacidad concedida entre transporte y distribución, además de las nuevas solicitudes en trámite, sin perjudicar otros procesos de electrificación.
España cuenta con abundante generación renovable y, al mismo tiempo, horas en las que esa producción no puede ser aprovechada. El debate que plantea el nuevo Real Decreto se centra en si la prioridad debe ser obligar a cada nuevo gran consumidor a añadir generación propia equivalente o en combinar esa adicionalidad con un mejor aprovechamiento de la electricidad renovable existente, almacenamiento y una red eficiente para trasladarla.
Las alegaciones presentadas antes del 04/09/2026 definirán en qué medida el Gobierno estará dispuesto a modificar ese equilibrio.
Preguntas frecuentes
¿Qué exige el nuevo Real Decreto a los centros de datos?
El borrador establece requisitos relacionados con eficiencia energética e hídrica, soberanía digital y consumo renovable. Mientras las renovables no superen el 90 % del mix, propone garantizar que al menos el 80 % del consumo provenga de nueva generación renovable y con correlación horaria.
¿El Real Decreto de centros de datos ya está aprobado?
No. El texto aún está en fase de audiencia e información pública, y se aceptan alegaciones hasta el 04/09/2026. Después puede ser sometido a modificaciones antes de su eventual aprobación definitiva.
¿Qué significan PUE 1,15 y WUE 0,1?
Son límites transitorios propuestos para eficiencia energética y uso de agua. El Gobierno los relaciona con la máxima categoría prevista en el futuro esquema europeo de etiquetado de centros de datos.
¿Podría la normativa provocar una fuga de inversiones?
SpainDC advierte que, si se mantiene el texto actual, podría poner en riesgo entre el 80 % y el 90 % de la inversión posible en España. Es una estimación de la asociación y no una previsión oficial.
Referencias: Centros de datos en España, Cdecomunicacion y SpainDC