El Gobierno ha cerrado el período de alegaciones al proyecto de Real Decreto que regula los nuevos centros de datos en España, estableciendo requisitos de sostenibilidad energética, consumo de agua, resiliencia y soberanía digital. La propuesta afecta principalmente a instalaciones con 1 MW o más de potencia de acceso y ha generado una fuerte reacción del sector, que cuestiona especialmente la obligación de respaldar el 80 % de su consumo eléctrico con nueva generación renovable con correlación horaria. Raquel Figueruelo, responsable de Marketing, Desarrollo de Negocio y Relaciones Institucionales de Alto Infrastructure, sostiene que las condiciones propuestas colocarían a España entre los mercados más restrictivos de la Unión Europea para estas infraestructuras.
Las claves de la regulación de centros de datos en 20 segundos
- El período de alegaciones finalizó el 10/09/2026, tras una ampliación del plazo inicial.
- El proyecto afecta principalmente a centros con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW.
- Propone respaldar con nueva generación renovable el 80 % del consumo con correlación horaria.
- Operadores e inversores cuestionan el impacto de estos requisitos en nuevos proyectos.
- El Gobierno defiende la regulación para proteger la red, los precios de la energía y la soberanía digital.
Aún no se trata de una norma aprobada. El texto está en trámite y podría modificarse tras las alegaciones. De hecho, el Gobierno ha expresado su disposición a revisar algunos requisitos si puede mantener el objetivo de evitar que el crecimiento de estas infraestructuras eleve los costes eléctricos para otros consumidores.
La discusión se produce en un contexto de alta demanda de capacidad eléctrica. Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), desde finales de 2023, el gestor de la red de transporte ha concedido a centros de datos más de 6 GW de capacidad de acceso, sumándose aproximadamente otros 6 GW en redes de distribución desde 2020.
El propio Gobierno reconoce que los centros de datos son infraestructuras esenciales para la digitalización y que España cuenta con condiciones favorables para atraerlos. La discrepancia radica en cómo gestionar ese crecimiento y qué obligaciones deben asumir los nuevos proyectos.
El 80 % renovable hora a hora genera la mayor parte de las críticas
Uno de los puntos más contestados es el aspecto energético.
El proyecto establece requisitos de adicionalidad y correlación horaria para la energía renovable. El Gobierno propone que los centros de datos respalden con nueva generación renovable el 80 % de su consumo en cada hora de operación.
La diferencia con contratar electricidad renovable de forma anual es significativa.
Un centro de datos opera las 24 horas. Por ejemplo, una instalación solar concentra su producción en determinadas horas del día. Una empresa puede consumir y producir cantidades equivalentes de energía renovable a lo largo de un año y, aun así, necesitar energía de otras fuentes en muchas horas.
La correlación horaria busca reducir precisamente esa brecha.
El Ejecutivo argumenta que la demanda de los centros de datos es esencialmente constante, y que un crecimiento acelerado sin una nueva generación suficiente y capacidad firme podría incrementar el uso de gas en ciertas horas y presionar los precios del mercado eléctrico.
El sector cuestiona si estas condiciones son la mejor forma de resolver dicha problemática.
Raquel Figueruelo explicó en LinkedIn que Alto Infrastructure presentó alegaciones tras analizar la propuesta y compararla con otros marcos regulatorios europeos. Según su valoración, las condiciones propuestas situarían a España entre los países de la UE con mayores restricciones para los centros de datos.
Figueruelo también rechaza el argumento de que limitar estas infraestructuras sea necesario para contener el precio de la electricidad. En su publicación, señala que España ya desperdicia generación renovable y que, durante el primer semestre de 2026, se vertieron más energías limpias que en todo 2024.
Su razonamiento es que el problema no radica únicamente en la disponibilidad de generación renovable, sino en la capacidad de integrarla y explotarla correctamente.
Esta interpretación refleja la postura de la directiva, pero no invalida del todo el argumento del Gobierno. Los vertidos de energía renovable en ciertos horarios pueden coexistir con menor generación en otros periodos. Por ello, la correlación horaria se ha convertido en un elemento central en la discusión técnica.
Desde 1 MW y obligaciones adicionales desde 500 kW de TI
El proyecto basa su alcance en la potencia de acceso a la red eléctrica, no únicamente en la potencia informática instalada.
Las obligaciones generales se aplicarán a centros con una potencia de acceso igual o superior a 1 MW. Cuando existan varios centros de la misma titularidad en una misma ubicación, se contempla su consideración conjunta.
Además, habrá obligaciones de información y comunicación desde los 500 kW de potencia en tecnologías de la información (TI), en línea con el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364.
| Área | Propuesta del Real Decreto |
|---|---|
| Ámbito principal | Centros desde 1 MW de potencia de acceso |
| Información y publicidad | Desde 500 kW de potencia TI |
| Electricidad renovable | 80 % con adicionalidad y correlación horaria |
| Agua | Requisitos de eficiencia y seguimiento |
| Energía | Indicadores de eficiencia y consumo |
| Datos operativos | Permanencia en territorio de la UE bajo las condiciones previstas |
| Operador | Establecimiento en la Unión Europea |
| Terceros países | Control y trazabilidad de determinados accesos y soporte |
| Red eléctrica | Cumplimiento vinculado a permisos de acceso y conexión |
El proyecto introduce otra dimensión que va mucho más allá del consumo eléctrico: la soberanía digital.
Antes de poner en operación un centro, el operador debe presentar una declaración responsable de cumplimiento de los requisitos establecidos.
Entre las condiciones, se indica que la entidad esté establecida en la Unión Europea y que los datos operativos bajo su control permanezcan en territorio comunitario.
Asimismo, se contemplan medidas de trazabilidad sobre datos ofrecidos desde terceros países, control de subcontratistas directos y actuaciones frente a solicitudes de acceso o transferencia de datos de autoridades extranjeras que sean incompatibles con el marco legal.
No significa que el proyecto obligue a que todo dato almacenado en un centro permanezca en España. El texto limita estas obligaciones a los elementos bajo control directo o contractual y específicamente a ciertos datos operativos dentro de la UE.
El sector teme la pérdida de inversiones frente a otros países europeos
Las críticas no proceden solo de Alto Infrastructure.
Diversos operadores, inversores y asociaciones han presentado alegaciones durante el proceso. Tras el cierre del período, el Gobierno ha recibido más de un centenar de aportaciones.
Spain DC advirtió que el marco planteado podría afectar alrededor de 67.000 millones de euros de inversión prevista en el sector en España entre 2026 y 2030. La asociación incluso estima que hasta un 36 % de esa inversión podría estar en riesgo si el proyecto se mantiene en los términos iniciales.
Estas son estimaciones del propio sector y no proyectos confirmados para su cancelación.
El debate no se limita a construir centros o proteger la red eléctrica. La capacidad de acceso es el recurso que el Gobierno busca ordenar.
MITECO compara las autorizaciones concedidas con las previsiones de despliegue. La Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 estima aproximadamente 2,5 GW de potencia de computación para 2030, lo que equivale, según el Ministerio, a entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica.
Frente a esto, las capacidades de acceso en transporte y distribución ya superan esas magnitudes, aunque una concesión de acceso no garantiza que el proyecto se concrete.
El Gobierno pretende usar estos nuevos criterios para distinguir proyectos sólidos y alineados con sus objetivos energéticos de otros que solo reservan capacidad sin que necesariamente se materialicen.
Alto Infrastructure defiende el impacto local de los centros de datos
Figueruelo añade otro argumento en su alegación pública: el impacto territorial.
Desde Alto Infrastructure, rechazan que deba asumirse que existe oposición social y argumentan que estas instalaciones pueden fomentar actividad económica en zonas menos pobladas.
En su publicación, sostienen que proyectos como los de su compañía pueden generar empleo, establecer alianzas con centros educativos y universidades, además de aprovechar recursos renovables disponibles en áreas rurales.
Su declaración se resume en la frase: “La verdadera oposición social no está en que lleguemos. Está en que no vayamos”.
Asimismo, reclaman que la regulación se enfoque en problemas comprobables y no en efectos aún no producidos. Figueruelo defiende una normativa exigente, pero advierte que el texto presentado podría perjudicar precisamente la inversión que busca ordenar.
El Gobierno tiene una visión diferente. MITECO considera que la magnitud de las solicitudes justifica anticiparse, ya que atender toda esa capacidad implicaría destinar una parte considerable de las inversiones previstas en la red eléctrica a estas infraestructuras.
Ambas posiciones coinciden en que España dispone de una oportunidad significativa en infraestructura digital y energía renovable. La discrepancia está en qué condiciones deben imponerse para aprovecharla y quién debe sufragar los costes de adaptar el sistema eléctrico a la creciente demanda.
El cierre del período de alegaciones el 10 de septiembre inicia una nueva etapa. El Gobierno analizará las aportaciones y decidirá cuánto del proyecto inicial mantiene.
La diferencia puede ser sustancial. Si mantiene la correlación horaria del 80 %, los requisitos de acceso y las condiciones de soberanía, España tendrá un marco particularmente exigente para los nuevos centros de datos. Si realiza modificaciones importantes tras escuchar al sector, el texto final que llegue al Consejo de Ministros podría variar considerablemente respecto al actual.