Taiwán ha vuelto a poner a la empresa taiwanesa TSMC en el centro de un intenso debate que combina aspectos económicos, seguridad nacional y geopolítica. Según informes de medios especializados, el Gobierno taiwanés estaría estudiando la posibilidad de endurecer las condiciones para exportar o desplegar tecnologías de proceso avanzadas fuera de la isla. La propuesta concreta que se baraja es permitir la exportación de tecnologías solo dos generaciones por detrás del nodo más avanzado que TSMC tenga en producción comercial, una norma conocida como “N-2” o “regla de dos generaciones de retraso”.
Esta iniciativa representaría un cambio sustancial en la estrategia de expansión internacional de TSMC, especialmente en Estados Unidos y otros países aliados. En un momento en que Washington impulsa con fuerza su reindustrialización en el sector de los semiconductores y en un contexto de creciente tensión en el escenario global por la rivalidad tecnológica entre EE. UU. y China, la imposición de esta regla podría limitar significativamente la capacidad de TSMC para ampliar su presencia y producción en el extranjero.
La lógica detrás de la regulación es sencilla de explicar, aunque difícil de implementar. Si en Taiwán el nodo más avanzado de TSMC es “N” —por ejemplo, 3 nm—, las fábricas en el exterior solo podrían acceder, sin permisos especiales, a tecnologías que sean al menos dos generaciones menos avanzadas, como 5 nm o 7 nm. Aunque estas tecnologías siguen siendo fundamentales para una gran variedad de productos electrónicos, ya no corresponden con la vanguardia tecnológica. La propuesta no solo busca limitar la exportación de procesos ultramodernos, sino que también refleja un cambio en el rigor con el que Taiwán protege sus secretos industriales, en un momento en el que el mundo intenta reducir riesgos de suministro y aumentar su capacidad productiva.
El trasfondo de esta medida está ligado a un concepto conocido como “el escudo de silicio” (“silicon shield”). La idea es que la posición de Taiwán en la fabricación de chips avanzados otorga una ventaja estratégica que incrementa el interés global en su estabilidad política y seguridad. Si una parte significativa de la producción de última generación se traslada fuera de la isla, esa ventaja se diluye, haciendo que Taiwán quiera mantener la tecnología más sensible bajo su control. Desde diciembre, las autoridades taiwanesas han insistido públicamente en que los chips más avanzados deben seguir produciéndose en la isla, además de reforzar controles de exportación sobre tecnologías de doble uso, en línea con una tendencia de securitización del sector tecnológico.
Un punto especialmente delicado es la posible repercusión en Estados Unidos, particularmente en Arizona, donde TSMC está desarrollando un importante complejo de fabricación, conocido como Fab 21. Creado en varias fases y con tecnología en continua modernización, este proyecto busca posicionar a EE. UU. como un actor relevante en la producción de chips avanzados. Sin embargo, si Washington aspira a fabricar nodos muy cercanos a la frontera tecnológica —como 3 nm— y Taiwán impone la restricción de “solo dos pasos por detrás”, podrían surgir fricciones regulatorias que afecten las inversiones, los calendarios y los compromisos comerciales del sector.
TSMC quiere mantener el acceso a mercados estratégicos, diversificar riesgos y responder a la demanda, en particular en ámbitos como la inteligencia artificial, mientras que Taiwán desea proteger su conocimiento y producción más sensible, evitando que “salga de casa”. El equilibrio entre estos objetivos será clave para definir el impacto final de la posible regulación.
Desde una perspectiva técnica, una regla N-2 no significa que toda la expansión internacional se detenga, sino que cambiaría radicalmente su naturaleza. Processos como 5 nm y 7 nm no son obsoletos; siguen siendo esenciales para muchas aplicaciones del mercado y constituyen nodos “críticos”, especialmente cuando se busca un balance entre coste, rendimiento y disponibilidad. Con la restricción, se priorizaría la capacidad en tecnologías maduras, reservando las más avanzadas para Taiwán.
Este escenario también plantea riesgos colaterales, como una mayor fragmentación en la cadena de suministro, con posibles efectos dominó que podrían elevar costos y reducir flexibilidad en el sector. Además, en un contexto donde las restricciones tecnológicas ya forman parte de la política exterior de Taiwán y Estados Unidos, la “regla de dos generaciones por detrás” se integra en una estrategia más amplia de control y poder sobre los avances tecnológicos, alineándose con las tendencias de securitización del sector.
En la actualidad, los acontecimientos más inmediatos dependen de decisiones políticas y regulatorias. Si Taiwán formaliza esta norma, TSMC necesitaría permisos específicos para exportar procesos tecnológicos avanzados, lo que podría limitar sus planes de expansión o requerir negociaciones caso por caso. En cualquier escenario, el mensaje central es claro: Taiwán no está simplemente ajustando un aspecto técnico, sino que está definiendo cuánto de su frontera tecnológica está dispuesto a ceder al exterior y qué costo, en ámbitos económico y diplomático, está dispuesto a asumir para mantener su liderazgo.
En definitiva, la posible imposición de la regla “N-2” refleja una decisión estratégica que podría tener profundas repercusiones en la geopolítica, la economía y la seguridad tecnológica global.